MEMORIA Y D.D.H.H

PROYECTO DE MEMORIA CAMPESINA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA LA PAZ

La ACVC y las comunidades del Magdalena Medio han vivido en medio de violentas acciones militares y paramilitares en la región, expresadas en 12 incursiones de grupos paramilitares (incluso hasta 400 hombres movilizados), 49 ejecuciones extrajudiciales desde el 2002, una continua persecución judicial y 53 casos de desplazamiento forzado, de los cuales 45 son de carácter masivo. En el año 2007 se expidieron 18 ordenes de captura para toda la Junta Directiva de ACVC que provocaron la captura de 6 dirigentes injustamente privados de la libertad que luego fueron absueltos. En el transcurso de los últimos dos años se han registrado 11 amenazas directas a miembros de la ACVC, 2 retenciones ilegales por parte de las autoridades, 3 acciones de seguimientos ilegales e intimidación y 1 homicidio, 9 de estas acciones son investigadas por la Fiscalía.

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La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, realizó el evento Cosechando Memorias Campesinas: Socialización de los informes y documentos de memoria histórica de la ACVC-RAN. Este acto se llevará a cabo el día 7 de diciembre de 2018, de 8 am a 4 pm en el Hotel San Carlos en la ciudad de Barrancabermeja.

En este espacio se socializaron los resultados y hallazgos que se encontraron en el proceso de reconstrucción de memoria campesina en el Valle del río Cimitarra, en el que se identifican hechos victimizantes que no habían sido documentados en los municipios de San Pablo, Cantagallo, Yondó y Remedios.

 

 

ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA Y REPARACIÓN COLECTIVA: EN BUSCA DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN.

 

El pasado sábado 8 de septiembre en el Hotel San Carlos en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, Colombia, se llevó a cabo el Encuentro de experiencias nacionales e internacionales de procesos de construcción de memoria y reparación colectiva: en busca de la verdad y la reconciliación, el cual contó con la participación de invitados internacionales como Ponciano Del Pino Huamán, profesor de la Universidad Católica del Perú, con amplia trayectoria investigativa en temas de memoria y violencia; Brenda Lucia Méndez de la Colectiva Feminista Actoras de Cambio de Guatemala, organización destacada por sus trabajos en el acompañamiento y abordaje de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados internos. Invitados nacionales como Luz Marina Bernal, presidenta de la Fundación Fair Leonardo Porras Bernal, Gloria Luz Gómez, Presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos – Desaparecidos ASFADDES, Jacobo Aldana y Laura Devía del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Caño Indio, Liliany Obando e Isabel Sanroque Mujeres FARC – Proyecto Nunca Invisible, Raquel Méndez Directora de la Escuela de trabajo social y docente investigadora de la Universidad Industrial de Santander, Iván Madero de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), por parte de la institucionalidad Yimmy Picón de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y como delegados de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra los líderes Álvaro Manzano y Francisco González.

El evento contó con el desarrollo de dos paneles, el primero acerca de las experiencias nacionales e internacionales  de construcción de memoria histórica y el segundo sobre los alcances y dificultades de los procesos de reparación colectiva que se han adelantado con las comunidades, teniendo en cuenta las particularidades que implican dichos procesos. Cada uno de los dos espacios representó una oportunidad para debatir y aportar perspectivas desde la diversidad de actores que participaron en el evento como víctimas del conflicto armado, académicos, funcionarios públicos y líderes comunitarios.

Algunas de las conclusiones a destacar refieren que los ejercicios de memoria histórica se constituyen en actos políticos que le apuestan a la continuidad de los procesos organizativos, dado que reivindican las luchas, las resistencias y las prácticas culturales  que buscan fortalecer los procesos de identidad de las víctimas.

Así mismo, se debe tener en cuenta el enfoque diferencial, especialmente lo relacionado con las mujeres y las niñas, ya que el conflicto las ha afectado de manera particular, y continúan siendo las  más invisibilizadas, desconociéndose sus voces, sentires y roles dado que sus historias han sido contada desde una perspectiva patriarcal. De igual forma las iniciativas de memoria deben contribuir al conocimiento de la verdad y estableciendo  responsabilidades, que dan cuenta muchas veces de las exclusiones e injusticias que se agudizaron en el marco de los conflictos armados, demandando una transformación estructural e  impulsando a exigir garantías para una vida digna. Finalmente, se planteó que los procesos de memoria también deben ser una oportunidad de reconocer al otro, como decía el profesor Ponciano del Pino “ese es el gran desafío: aprender a escuchar al otro” desde su sentir y sus sufrimientos, además de permitir una escucha real que contribuya a transformar las relaciones violentas que instaura el conflicto para así llegar a la tan anhelada reconciliación.

De esta forma, los ejercicios de memoria son fundamentales para los procesos de reparación individual y colectiva en el marco de La Ley de Víctimas 1448 de 2011, es por ello que organizaciones como ASFADDES, CREDHOS, LA ACVC entre otras, justamente están buscando ser reparadas por ser sujetos colectivos afectados en sus derechos políticos, económicos, sociales con ocasión del conflicto armado. No obstante, en este proceso se presenta una tensión, desde el Estado, debido a que la Ley de Víctimas no se le ha dado cumplimiento; lo anterior se refleja en las siguientes situaciones: La Ley no está reconociendo políticamente a las víctimas en su dimensión real, en términos de los daños ocasionados. Segundo, la disposición burocrática de la misma está impidiendo el desarrollo óptimo de sus apuestas. Tercero, La Ley durante su implementación ha llegado a revictimizar. Cuarto, la ley no se está conectando o articulando con las coyunturas del país: específicamente en lo referente al proceso de implementación del acuerdo de paz, de ahí entonces que la misma tendría que pasar a un proceso de revisión, actualización y profundización en sus apuestas.

De igual manera señalan que la única forma de sentir una reparación pasa por el reconocimiento de las responsabilidades por parte del Estado en su acción u omisión en los violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto armado, teniendo en cuenta que se atribuye las principales responsabilidades a la insurgencia.

Por otro lado, no se puede olvidar que el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación han sido producto del empeño y la entereza de las organizaciones y los movimientos quienes han venido erradicando el miedo y exigiendo la paz con justicia social.

Es importante señalar que estos debates deben seguirse realizando, especialmente con el Gobierno actual, el cual que ha venido manifestando su oposición a los Acuerdos de Paz en dirigidos a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición y la poca voluntad de mantener las negociaciones con el ELN; es por ello que hay que continuar  juntando fuerzas para exigir la  paz que tanto requiere Colombia.

Construyendo paz en comunidad

Campesinado de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra construye su protocolo de protección individual y colectiva.

Jueves 9 de agosto de 2018

En el marco del proyecto “Memoria Campesina y Protección de Derechos para la Paz en el Valle del río Cimitarra”, más de 500 campesinos defensores de derechos humanos en cinco municipios del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño, pertenecientes a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN), se construyó el protocolo para la protección individual y colectiva de los habitantes de la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra (ZRC-VRC) y el área de influencia de la ACVC-RAN.

La realización de este protocolo permitió identificar, por medio del desarrollo de talleres, grupos focales y construcción de cartografías, que el ejercicio de defensa de los derechos humanos en el contexto rural de la ZRC-VRC se hace particularmente complejo, encontrando que los campesinos de la región han sido desplazados (40%), estigmatizados y amenazados (23%), torturados y maltratados (15%), detenidos de manera arbitraria (12%) y asesinados o desaparecidos (10%) por parte de los diferentes actores en el conflicto como las insurgencias pero especialmente por grupos paramilitares sucesores y el Ejército, así como por funcionarios estatales.

En este sentido, el documento establece una serie de mecanismos constituidos de manera articulada, que permita implementar prácticas de autoprotección y protección frente a posibles sucesos que revictimicen a la población y a las organizaciones de base en su conjunto, es decir, que por medio de éstos se procuren ciertas garantías de no repetición.

Ejes de la autoprotección

El protocolo se centra en siete ejes fundamentales:

1) Correspondencia territorial, que rige para la región conformada por las veredas que integran los cuatro municipios que comprenden la ZRC-VRC y el área de influencia de la ACVC: Yondó y Remedios, departamento de Antioquia; San Pablo y Cantagallo, departamento de Bolívar.

2) Sujetos de protección, representados en las comunidades en el territorio delimitado, teniendo en cuenta como sujetos de especial protección a los niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y lideres comunitarios; al igual que el colectivo campesino desde la óptica organizacional.

3) Situaciones de riesgo y amenaza en la ZRC-VRC y el área de influencia de la ACVC: desde el ejercicio realizado con las comunidades se identificaron hechos de violencia que representan riesgos y amenazas frente a su continuidad de ocurrencia, dadas las condiciones de violencia que perviven en la región.

4) Zonas seguras y zonas de riesgo: el procesamiento de la información obtenida en campo permitió identificar de igual forma puntos territoriales que representan zonas seguras, las cuales representan puntos geográficos identificados como lugares donde se presentan ventajas para la protección de las comunidades, ya sea por las condiciones geográficas y ambientales o por la disminución de incidencia de grupos armados.

5) Medidas preventivas: estas medidas se fundamentan en mecanismos de autoprotección en los niveles individual y colectivo, los cuales responden a las actuaciones propias de los habitantes del sector rural, que deben tenerse en cuenta como medidas que prevengan situaciones que los pongan en amenaza o riesgo.

6) Mecanismos de reacción: se establecen mecanismos que desde la acción individual o colectiva se pueden implementar para enfrentar vulneraciones de derechos.

Y 7) Responsabilidades de la Asociación, donde se establece que la ACVC será la responsable de gestionar la articulación de los mecanismos internos con las entidades pertinentes según sea el caso.

Desde la acción comunitaria

La construcción de dichos protocolos se orienta al trabajo desde las juntas de acción comunal, con el fin de proveer elementos y herramientas en temas de protección, seguridad y desarrollo de la armonía a interior de los comunidades, entendiendo a estas como un eje importante en la construcción de paz.

La implementación de estos protocolos se desarrolla en jornadas con las comunidades en donde se tocan temas como la resolución de conflictos, la justicia comunitaria, el fortalecimiento de los comités de conciliación y convivencia que resultan importantes para guiar a las comunidades en la búsqueda de formas alternativas para la solución de sus diferencias, conflictos y problemas internos; que buscan armonizar las rupturas en el tejido social al interior de las comunidades.

La columna vertebral de estos protocolos reside en la acción comunitaria, y la búsqueda del fortalecimiento en temas de seguridad ante la incertidumbre o expectativa que genera el cambio de gobierno; esto permitirá a las comunidades fortalecerse en materia de protección de los derechos humanos y las exigencias que puedan venir hacia este nuevo periodo y, a su vez, ser un importante agregado en términos de la construcción de paz en el territorio.

La vía es el diálogo

Los protocolos a fecha de hoy se han trabajado en el casco urbano de San Pablo, Sur de Bolívar, con los comités de mujeres; en las veredas de La Unión, Villanueva y sus poblaciones cercanas. En posteriores actividades se tiene pensado hacer recorrido por Cantagallo en Sur de Bolívar y en Remedios en el nordeste antioqueño. Es importante tener en cuenta las particularidades que presenta cada territorio frente al tema de seguridad y trabajar de la mano de las comunidades en la construcción e implementación de dichos protocolos.

La experiencia para los habitantes y miembros de las juntas que han participado en la implementación de estas medidas es positiva; la población ve con interés cómo la resolución de conflictos en sus comunidades y la organización de una justicia comunitaria a la par de la defensa de los derechos humanos toman vital importancia en la construcción de territorio y en la formalización de nuevas instancias que permitan establecer diálogos comunitarios enfocados en renovar las tradicionales formas de justicia heredadas del conflicto y el abandono estatal.

Cabe resaltar la pertinencia de este tipo de protocolos en un país donde en los últimos años se ha acrecentado la persecución y asesinatos de líderes sociales en medio de la total impunidad, la voz del campesinado de la ZRC-VRC se ha sumado a las exigencias para la protección de la vida y una pronta y efectiva implementación del Acuerdo Final de Paz pactado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

Protección y autoprotección en la Zona de Reserva Campesina del valle del río Cimitarra.

El territorio hoy identificado como la Zona de Reserva Campesina del valle del río Cimitarra (ZRC-VRC) guarda desde hace décadas los graves impactos ocasionados por el conflicto social y armado que se ha desarrollado principalmente en el campo colombiano, conflicto que las comunidades han logrado resistir gracias a la organización comunitaria pero que las ha convertido en víctimas a nivel colectivo.

Frente a ello, se resalta que la ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) reconoce el derecho de todas aquellas personas afectadas por el conflicto social y armado al esclarecimiento de los hechos y por ende el reconocimiento de la verdad, la garantía del acceso a los sistemas de justicia y, en consecuencia, la implementación de medidas de reparación colectiva.

“Mirando los daños causados por el Estado, a mí me tocó estar cinco años sin salir a Barrancabermeja, me tocó salir cuando fui en la reclamación de los compañeros, cuando salimos cómo 150 personas de la región, juntándonos en La Cooperativa, y la gente que se daba cuenta que nosotros veníamos a reclamar a los compañeros detenidos por la Fuerza Pública decía: ‘Estos salen a Barranca pero no vuelven a entrar’. Según estaba la situación tan mala, uno no podía abrir la boca porque ahí mismo tenía el cañón puesto, pero gracias a Dios salimos y nada nos sucedió. Tenían en lista 18 integrantes de la Asociación Campesina”, relata don Aristarco, de la vereda El Bagre de Yondó, Antioquia, en referencia a las marchas que pedían la libertad de sus líderes judicializados en el 2007.

Es por ello que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN), en el marco del Proyecto de Memoria Campesina y Protección de Derechos para la Paz en el Valle del Río Cimitarra, viene desarrollando desde enero de 2017 un conjunto actividades en las tres seccionales enfocadas a aumentar las capacidades de protección y autoprotección de los derechos humanos, derechos campesinos y a los defensores de los mismos, a través de la recuperación de la memoria histórica y la reparación del daño colectivo sufrido por las comunidades de la ZRC-VRC.

Gente que resistió porque no tenía a dónde ir

En este contexto, fue fundamental el Encuentro Regional del Magdalena Medio “Arando Memorias Campesinas: Rutas de Reparación y Protección en el Valle del Río Cimitarra” el pasado 16 y 17 de marzo en San Pablo, Sur de Bolívar, con el fin de generar espacios de encuentro de las comunidades en torno a la reflexión de la importancia de construir memorias campesinas y que, a partir de éstas, se planteen propuestas y rutas para exigir dicha reparación. Así mismo, partiendo de los insumos de memoria y las resistencias de los habitantes del territorio, generar mecanismos de protección que permitan a los campesinos mayores garantías para el ejercicio de sus derechos y la permanencia en el territorio.

“…mi familia pues son campesinos, son gente que resistió porque no tenía a dónde ir y tampoco se metía con nadie. Mi familia y mi papá siempre fueron muy neutrales, ni para allá ni para acá, y a veces cuando la cosa estaba muy fea se iban de la finca a dormir al monte. Cuando ya pasaba todo eso regresaban a recoger lo que quedaba por ahí porque a veces se perdían gallinas, animales, y otras personas ya tenían amenazas directas porque la guerrilla llegaba y se hospedaba en la casa. ¿Quién le va decir que no se hospede a alguien? ¿Nadie, cierto?”.

“Entonces cuando no era eso, cuando no era la guerrilla que tildaba a la gente de auxiliadora de los paramilitares, era al contrario. Cuando entraban la comida, la restricción en los alimentos que decían que eran para la guerrilla, la gente tenía que vivir condicionada, porque si traía un mercado le quitaban, decían que eso era para la guerrilla, que ‘¿Ustedes cuántos son en su casa? Eso les tiene que aguantar para tantos días, venga para acá el resto’, o te quitaban todo el mercado”, apunta Diana Barahona, campesina de la vereda Puerto Matilde, corregimiento de Yondó (Antioquia).

Aportes a la Comisión de la Verdad

La construcción de memoria histórica de la ACVC y la ZRC-VRC inicia desde los relatos y voces de quienes han habitado el territorio, campesinos históricamente marginados en medio de la violencia y la inequidad, conflicto y pobreza que el Estado y la sociedad colombiana ha desconocido. Es también la oportunidad de hacer aportes a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual se crea en el marco de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC con el objetivo de establecer las causas y origen del conflicto armado en Colombia. Así mismo, es una oportunidad de resaltar el proceso de colonización y organización del campesinado, evidenciado sus capacidades de lucha.

“Es importante definir para este caso la construcción de región como campesinado, como sujeto político, en este caso de organización rural, agraria y en resistencia por la tenencia de la tierra y el territorio. En el proceso del año 96 para acá, que surge la Asociación Campesina cómo organización de manera legal, se da la posibilidad de incluir en las negociaciones en estas dos movilizaciones como lo fueron las marchas del 96 y el éxodo del 98, la figura de zona de reserva campesina que venía del año 94 en la ley 160, que afortunadamente se declara en el año 2000 y Uribe decide congelarla hasta el 2012, y que hoy nos da un respaldo muy grande en términos de legitimidad y autonomía en el territorio”, asegura Gilberto Guerra, coordinador general de la ACVC.

Para la ACVC el proceso de reparación colectiva representa una gran oportunidad para la real implementación del plan de desarrollo sostenible promovido y construido por las comunidades de la ZRC-VRC, en sus doce líneas estratégicas de desarrollo referentes a las garantías para el ejercicio de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario: acceso a la tierra, protección ambiental, desarrollo de economías campesinas, infraestructura social, salud y saneamiento básico, fortalecimiento organizativo y participación política, empoderamiento de la mujer campesina, fomento de la agroecología, educación enfocada a las necesidades del campesinado, promoción de la cultura campesina, y minería con carácter social, ambiental y autosustentable.

En este sentido es fundamental promover la territorialidad campesina a través del reconocimiento efectivo de las figuras de Zonas de Reserva Campesina, que permita su desestigmatización, entendiendo que estas corresponden a espacios que promueven la economía campesina, la tenencia y distribución adecuada de la tierra y la vida digna del campesinado.

 

Cómo sobrevivimos la guerra

El conflicto armado en nuestro país se ha usado para suprimir liderazgos urbanos y rurales por parte de la burguesía colombiana y ha dejado a su paso muerte y dolor; sin embargo ha desencadenado también acciones de paz y de defensa de la vida. Una de estas acciones es el Campamento de Refugio Humanitario, desarrollado por la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) y la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana).

El Campamento de Refugio Humanitario se ha declarado en varias veredas del territorio; desde Remedios, en Antioquia; hasta Simití y San Pablo, en el sur de Bolívar; pasando por Yondó, en el Magdalena Medio. Los campesinos y las organizaciones sociales han utilizado esta figura como mecanismo de resistencia para mitigar y prevenir infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de fuerzas militares y paramilitares. Así, miles de vidas han sido salvadas y, gracias a este mecanismo, miles de personas han permanecido en sus territorios resistiendo la ofensiva económica que se esconde tras tales infracciones.

Gracias al proyecto “Memoria Campesina y Protección de Derechos para la Paz” de la ACVC, se tiene noticia de la constitución de este mecanismo desde la década de los ochenta. Para ese entonces el conflicto del Estado contra las insurgencias y el campesinado se agudizó como consecuencia de lucha contra la droga, amparada en el Estatuto de Seguridad. Se trató de una lucha infundada porque atacaba cualquier conato que se opusiera al statu quo de manera indiscriminada, mientras aumentaba la movilización social y la exigencia de paz y tierras por parte del campesinado.

La ofensiva militar atacó por igual a insurgentes y sociedad civil. No importaba si se trataba de quienes decidieron empuñar las armas y tomarse el poder mediante la conquista revolucionaria, o sí se trataba de comunidades campesinas exigiendo el cumplimiento de sus derechos y la democratización de la tierra. En medio de la guerra contra los campesinos, surgió el Campamento de Refugio Humanitario.

Se trata de un arduo procedimiento que requiere de coherencia y organización: campesinos de la región comparten constantemente información sobre los riesgos que existen en el territorio; ante la inminencia de una vulneración, avisan a una junta de acción comunal o una organización civil; se procede entonces a desocupar el caserío por donde presumiblemente haría el recorrido la tropa y se establece un campamento con un cordón de seguridad en un sitio previamente acondicionado.

Desde que los campesinos se apropiaron del refugio, cada uno tenía a la mano arroz, panela, sal, aceite, una hamaca y toldo, un machete y un costal. En el refugio se organizan por comisiones: algunos consiguen proteína animal de la selva, otros se encargan de la cocina, otros del aseo, otros de la seguridad.

Los tiempos y espacios del refugio varían. El proyecto conoció de un campamento que duró tres meses en zona selvática de la vereda La Concha, en Yondó, en los ochenta; pero también se conocieron campamentos de diez días. Cabe destacar que la finalización del espacio es determinada por los líderes y los participantes del mismo en asamblea general, tras realizar un diagnóstico in situ del riesgo y gracias a la información obtenida de otros campesinos sobre el movimiento del agente victimizador.

Los refugios humanitarios requirieron de un periodo de configuración que implicó la apropiación por parte del campesinado; después se pasó a un periodo de maduración ampliando las medidas de protección a mediano plazo y con enfoque territorial; finalmente se llegó a un refugio que permitía la articulación de propuestas para la defensa territorial y medidas de prevención a largo plazo. La diferencia entre uno y otro periodo radica en tres aspectos: el espacio, los participantes y el nivel de organización.

Al principio se hacían al interior de la región, en caseríos o zonas selváticas, en el punto establecido por la comunidad, y los participantes eran campesinos. Después se hacían en zonas urbanas y participaban además miembros de sindicatos, estudiantes, representantes de las instituciones del Estado. Finalmente se hacían en una vereda específica, acondicionada para tal fin, con participantes que buscaban la construcción de una agenda de intervención y prevención frente a riesgos integrales identificados.

Si la guerra del Estado contra los campesinos configuró el primer periodo del refugio, los éxodos, como repertorio de fuerza y resistencia campesina, configuraron el segundo periodo, ya que los campesinos se asentaron en zonas urbanas para exigir protección, así se le imprimió una nueva dinámica a la figura del refugio: la instauración de mesas de trabajo con el Estado en zonas urbanas para la garantía de los derechos a corto plazo.

Verificación de un bombardeo en la vereda La Concha, Cantagallo, sur de Bolívar. Archivo Credhos.

Muestra de esto fue el Campamento de Refugio Humanitario de 2007 que se instauró a partir de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por parte del Ejército Nacional. Se organizó así una concentración cuando asesinaron a Carlos Mario García, miembro de la comisión cultural de la ACVC, y Miguel Ángel González Gutiérrez, miembro de Cahucopana. Líderes del territorio, buscando mitigar una posible masacre, acudieron a todos los puntos habitados de la Zona de Reserva Campesina para concentrar a sus pobladores en el punto determinado: Puerto Nuevo Ité.

El Refugio permaneció allí durante hasta que, por la agudización de la intervención militar, se trasladó a Barrancabermeja para presionar la interlocución con entidades del Estado y se construyó una agenda de intervención; tras el rechazo de las órdenes de captura emitidas contra la dirigencia de la asociación que lideraba la movilización.

De esta experiencia surgió la concentración de Campamento Ecológico que consiste en una figura planeada, a diferencia de los refugios, orientada a la consecución de derechos territoriales desde el punto de vista ambiental. Aunque no se circunscribe directamente con la mitigación de infracciones, busca generar un marco social para su prevención.

A pesar de que los Campamentos de Refugio Humanitario han tenido estos periodos específicos, con sus particularidades anotadas, ante una amenaza de vulneración, se puede activar esta figura para movilizar a los campesinos y asegurar la preservación de la vida y, de ser necesario, desplazarse hacia zonas urbanas para visibilizar sus problemáticas.

El Campamento de Refugio Humanitario es una medida de protección para las comunidades campesinas que ha servido para mitigar y prevenir las vulneraciones. En el marco de la construcción de paz, deben acopiarse las condiciones materiales para su reproducción y mantenimiento toda vez que así se forjan los derechos e identidades por la justicia y el bienestar.

 

Por las trochas del Magdalena Medio: crónica de la memoria

El Equipo Técnico de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) ha venido desarrollando en el último año un proyecto de memoria campesina y protección de derechos para la paz, que ha significado la posibilidad de adentrarse en las entrañas de la Colombia rural que muchos colombianos desconocen pero que clama ser escuchada y reconocida.

Si bien el proyecto tenía unos objetivos específicos sobre la construcción de la memoria histórica de la ACVC y la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra (ZRC-VRC), y la elaboración de protocolos de protección y autoprotección para sus comunidades, al llegar a estos territorios se hacen evidentes las problemáticas estructurales que se viven en las zonas rurales en todo el país. El acueducto, la educación, la luz y las vías de acceso siguen demostrando la ausencia estatal y la brecha entre las ciudades y el campo colombiano.

Al interior de la ZRC-VRC relucen hermosos paisajes de gran riqueza natural conformados por la inmensa serranía de San Lucas. El avistamiento de aves y especies salvajes, y las altas temperaturas generadas por su nivel de humedad son tan solo comparables a la fortaleza y liderazgo de las mujeres y hombres que en medio de la guerra y el olvido han permanecido en el territorio.

Nos encontramos con muchos campesinos y campesinas que veían en este espacio la primera oportunidad de contar desde sus propias voces la experiencia de la guerra, una oportunidad de recordar y contar sus historias de vida que solo fue posible gracias a la firma de la paz el pasado noviembre de 2016; hoy sin embargo aún se siente el temor de que los testimonios los conviertan en objeto de victimización.

En cada una de las veredas a las cuales llegamos la gente fue bastante acogedora, algunos nos miraban con curiosidad, otros con desconfianza, pero al enterarse del motivo de nuestra presencia, muchos optaban por acercase a pesar del poco conocimiento que se tiene de la ACVC. Al implementar las metodologías nos dábamos cuenta que muchas personas no sabían ni leer ni escribir, lo que hizo necesario hacerles acompañamiento personalizado en algunas de las actividades, lo que permitió mayor acercamiento a sus sentires y relatos.

Uno de los elementos metodológicos aplicados en los talleres fue la línea del tiempo, la cual implica identificar fecha, lugar y el modo en el que se dieron los hechos victimizantes. Aquello representó la posibilidad de abrir una puerta que muchos habían preferido cerrar para siempre, por los sentimientos de tristeza y nostalgia que traen aquellas épocas de violencia, en contraste con los días de prosperidad antes de la guerra; esto pudo evidenciar el silencio como el mecanismo más poderoso que habían instaurado los actores armados: estaba prohibido hablar de lo sucedido y por consiguiente dar lugar a todas las emociones propias de tales actos de barbarie que nunca debieron ocurrir.

“La memoria es importante porque eso divulga para las nuevas generaciones, así como para otras regiones, para darles a conocer a ellos la formación que tenemos acá en este territorio, para que ellos tengan más conocimiento y más garantías de mantenerse en sus territorios”, señala un líder comunitario aserrador en el sur de Bolívar.

Al recorrer estos territorios también conoces una realidad que algunos solo hemos visto por medios de comunicación tradicionales, la lucha que hace décadas viene enfrentando el Estado colombiano con la erradicación de cultivos de uso ilícito, que se han convertido en prácticamente el sustento de la gran mayoría de familias campesinas, y que adicionalmente se ha transformado en una de las principales causas de la pérdida de su identidad; en muchas ocasiones llamaba la atención el hecho de que el transporte que ingresa a las veredas llevase bultos de plátano y yuca, evidenciando la precaria situación frente a la producción agrícola que se vive en estos territorios.

Según algunos de los campesinos y campesinas de la ZRC-VRC en el sur de Bolívar, la coca ha significado para ellos una posibilidad de superar la brecha entre el campo y la ciudad, sin embargo reconocen que es plata mal habida y que por eso no ha quedado nada de aquella épocas de bonanza que parecen haber desaparecido. No obstante, para muchos que aprovecharon significó la posibilidad de enviar a sus hijos a estudiar y tener casa propia en la cabecera municipal. Solo queda decir que la coca y el conflicto afectaron fuertemente la identidad campesina ya que los obligó a abandonar la siembra de productos básicos para sobrevivir. La sombra del narcotráfico se había apoderado de las tierras de sur de Bolívar en toda su inmensidad.

Aunque es de destacar que en ese camino también se encuentran campesinos que jamás sembraron un mata de coca, que le apostaron a cultivos como al cacao y al aguacate, y que a pesar de no ser tan económicamente viables como lo ha sido la coca, les ha generado cierta tranquilidad. No obstante esto nunca los apartó de los efectos de las aspersiones con glifosato. Ningún campesino desea volver a sufrir los males del glifosato en sus cuerpos, en sus aguas, ni en sus cultivos de pan coger.

En la vereda de Puerto Matilde, municipio de Yondó (Antioquia), encontramos la bufalera; en la vereda La Unión, municipio de San Pablo, al Sur de Bolívar, hay una trilladora comunitaria y además se puede visitar la casa de la Mesa Comunal por la Vida Digna, en la cabecera municipal. Estos espacios productivos y de encuentro de las comunidades representan mecanismos de resistencia para que los campesinos y campesinas puedan mantenerse en el territorio. Uno de los principales objetivos de la ACVC en la región del Magdalena Medio ha sido fortalecer ese arraigo en el territorio y la conservación legítima de la ZRC-VRC como elemento bandera de la reparación colectiva.

“Hoy, afortunadamente, la ZRC-VRC afortunadamente se convierte en una figura que nos da un respaldo tan grande como legitimidad, autonomía en el territorio; y la figura en este caso genera varios elementos que en este caso, para la reparación, deben ser tenidos en cuenta, como el daño que le causa a la región la suspensión de la zona de reserva campesina casi que por ocho años, generándole un conflicto que nosotros denominamos la expansión del latifundio en la región”, indica Gilberto Guerra, fundador de la ACVC.

En el marco de este proyecto se adelantó la solicitud del proceso de reparación colectiva para la ACVC, frente a esto se han generado bastantes expectativas en la comunidad, y ha permitido afrontar los problemas estructurales que padecen los territorios, y a los cuales muchas veces los entes institucionales territoriales han dado la espalda, marcando cómo objetivo la ampliación de la ZRC-VRC, siendo esta una figura territorial que debe generar garantías hacia los derechos del campesinado y su permanencia en un territorio que siembre paz y dignidad.

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