ACVC-RAN – Red de DDHH Cañabraval Bajo
Desde la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra-Red Agroecológica Nacional – ACVC-RAN- denunciamos públicamente que desde el 02 de septiembre del año en curso el campesinado de Cañabraval Bajo está viviendo una situación de vulneración, intimidación y peligro debido a la presencia de hombres armados identificados como integrantes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- quienes irrumpieron en la comunidad forzando casas para ocuparlas y establecerse en ellas, imponiendo miedo, zozobra y temor en la población.
Además de la situación mencionada previamente, hoy las comunidades están siendo amenazadas por las denominadas disidencias “Frente 24 de las FARC” quienes señalan a la comunidad de ser “colaboradores de las AGC, alcahuetas y sapos” exigiéndoles que desocupen el caserío. Así mismo, en una acción vulnerante de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes manifestaron que “quienes asistan a sus actividades escolares lo hacen bajo su cuenta y riesgo”. Situación que agrava la problemática para poblaciones que no cuentan con garantías básicas para la educación rural y que ahora enfrentan el riesgo contra su vida por tener que trasladarse al casco urbano de San Pablo para recibir las clases con la posibilidad de que se den enfrentamiento armados como ya ha ocurrido en otras veredas en el sur de Bolívar.
Desde la ACVC-RAN activamos la ruta de protección comunitaria colocando en conocimiento a las autoridades civiles responsables de la garantía, promoción y protección de los derechos humanos, sin embargo, no hemos obtenido respuesta alguna desde la institucionalidad. Es preocupante que ante la gravedad de los hechos las autoridades sigan sin reaccionar, se hace urgente atender la inminente crisis humanitaria que está en desarrollo en el sur de Bolívar ante la confrontación entre los diferentes grupos armados legales e ilegales.
Exigimos a las autoridades competentes la aplicación de la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, el Decreto 1066 de 2015 y sus posteriores adiciones (Decreto 1581 de 2017; Decreto 2252 de 2017 y Decreto 660 de 2018) emitidos por el Ministerio del Interior, relacionados con la protección de líderes-as-, defensores-as-, comunidades y la labor de alcaldes y gobernadores.
Exigimos a los grupos armados legales e ilegales, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, así mismo, llegar a un ACUERDO HUMANITARIO, que excluya a la población civil y sus bienes de la confrontación armada, para que la población civil logre gozar de protección general contra los peligros procedentes del conflicto armado.
Finalmente, desde la ACVC-RAN seguiremos denunciando a todos los grupos armados legales e ilegales que atenten en contra los derechos del campesinado y sus procesos de organización y lucha.
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