La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, es una organización defensora incansable de los derechos humanos y del campesinado comprometida decididamente en la búsqueda de la paz con justicia social. Debido a su perseverante lucha por mas de 25 años a sido galardonada merecidamente con el Premio Nacional de Paz 2010, y el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2019, entre otros reconocimientos.
En el mes de agosto del año 2011 impulsó la realización exitosa del Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas en la ciudad de Barrancabermeja donde se logró la participación de mas de 30.000 delegados y delegadas, además de un sinnúmero de líderes y personalidades del orden regional, nacional e internacional, con el objetivo de discutir y plantear formulas que nos condujeran a una salida política al conflicto social y armado desde la Colombia profunda definiendo como consigna principal, EL DIALOGO ES LA RUTA.
Como organización venimos participando activamente en diversos escenarios locales, regionales y nacionales existentes para la implementación del Acuerdo Final de Paz y hemos participado activamente en la formulación de iniciativas que nos permitan avanzar en la construcción de paz en los territorios. Somos una organización convencida y comprometida incansablemente en la búsqueda de la paz. Para nosotros el Acuerdo Final de Paz y el plan de desarrollo de la Zona de Reserva Campesina son herramientas que ratifican nuestras apuestas por el reconocimiento del campesinado como Sujeto político con capacidad de ordenar el territorio y luchar por mantener la economía campesina como una solución a la crisis del campo colombiano generada por la imposición del modelo neoliberal.
Por ello, dentro de las iniciativas que venimos impulsando está la realización de acciones dirigidas a la conservación de la línea amarilla, territorio cuidado y respetado por el campesinado colonizador organizado durante décadas. Mientras que luchamos por la titulación de la tierra y una vida digna para el campesinado que ha estado durante mas de medio siglo defendiendo la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio.
Nuestra bandera principal de lucha siempre a sido la defensa integral de los derechos humanos, y de manera especial, los Derechos Campesinos y de las mujeres como un todo, anhelando la construcción de un proyecto que nos permita una vida digna en el campo tenemos muy presente que la agudización del impacto en la región de las diferentes cepas de COVID 19 causado en gran medida por un precario sistema de salud al que su acceso es nulo por parte del campesinado viene causando estragos y dolor. Hoy mas que nunca es necesario que campesinas y campesinos nos hagamos vacunar como única medida de mitigación que tenemos a nuestro alcance porque nos necesitamos vivos para seguir en la defensa del territorio.
A raíz de los graves hechos ocurridos recientemente en el Sur de Bolívar, el Valle del Río Cimitarra y parte del Nordeste Antioqueño por parte de los diferentes grupos armados contra la población civil, denunciamos una vez mas la falta de garantías a la paz, la tranquilidad y el derecho a la organización social y comunitaria por parte de los organismos del Estado y exigimos a todos los grupos armados legales e ilegales el respeto y cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
El incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente el punto 4 sobre el problema de las drogas ilícitas se viene presentando un aumento de cultivos de coca en los municipios de San Pablo, Cantagallo, Yondó, Remedios y Segovia. También, en el territorio vienen operando grupos armados que basan su economía en el expendio y tráfico de drogas alucinógenas y el consumo de dichas sustancias viene en aumento tanto en los cascos urbanos como en la zona rural.
El 28 de mayo hombres fuertemente armados, que según denuncias de la comunidad pertenecen al Ejército de liberación nacional ELN llegaron a las 6 de la mañana al lugar en donde pernoctaba el campesino Jair Adán Roldan Morales y se lo llevaron; ya en las horas de la tarde despuntando la noche, fue hallado su cuerpo inerme y acribillado en la Vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo sur de Bolívar. Jair era habitante de la región afiliado a la junta de Acción Comunal de Cañodorada y hermano de un reconocido dirigente del partido Comunes en proceso de reincorporación.
El 23 de junio a eso de las 7:00 am ocurrió un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el ELN cerca de una de las viviendas habitadas por familias compuestas por parejas y varios menores de edad en la vereda “Ahogaperros” jurisdicción del municipio de San Pablo Bolívar. Luego del enfrentamiento activos del Ejército Nacional procedieron a comunicar la orden de allanamiento a una de las viviendas y procedieron a cumplirla, al momento del allanamiento se encontraban en la casa 7 menores de edad entre los 18 meses y 17 años. En las otras 3 de las cuatro viviendas sus habitantes reportaron malos tratos, señalamientos, daños y hurto de mercado, ropa medicamentos, escopetas de cacería, además de haber sido empadronados.
Este mismo 23 de junio se conoce de la captura del señor José Patrocinio Fonce vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Bonito del municipio de Yondó que tuvo que asumir el cargo de presidente luego del asesinato de José Robinson Quino ocurrido a mediados del mes de enero de los corrientes. En el mismo operativo del 23 de junio fue capturada una de las hijas del señor Patrocino, la joven Maria Isabel Fonce. El señor Fonce hace parte de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y MarihuanaCOCCAM, la cual promueve la implementación del PNIS en los municipios priorizados por la firma del Acuerdo Final de Paz. Y la joven María Isabel se había vinculado en semanas recientes a un proyecto productivo de gallinas ponedoras propuesto por la ACVC y dirigido al fortalecimiento de la autonomía económica de mujeres campesinas.
En el amanecer del 27 de junio fue encontrada asesinada una pareja en la vereda X10 y un joven por el sector de San Juan de Ité, del cual lo que se conoce es que su residencia estaba en el municipio de Puerto Berrío Antioquia. El 8 de julio mientras se llevaba a cabo el Encuentro de la Ruta Interinstitucional Construyendo paz desde los territorios promovido desde la Ruta de Prevención Protección y Seguridad de Defensoras y Defensores de DDHH en el nororiente colombiano en el corregimiento de Cañabraval Bajo en San Pablo Sur de Bolívar. A una finca de la vereda Tres Bocas llegaron 10 hombres armados con fusiles que se identificaron como parte de las Autodefensas Gaitanistas e intentaron llevarse a un campesino de la vereda, sin embargo, la misma comunidad reclamó a dichos hombres el respeto a la vida y se evitó una tragedia familiar.
En el Sur de Bolívar se vienen presentando hechos que involucran según medios de comunicación a miembros de la guerrilla del ELN y de disidencias de las Farc, dentro de los que se conoció de la muerte de 7 personas. El pasado 9 de julio y días después de ocurridos los hechos comenzó a circular en veredas limítrofes del Sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca un comunicado con logos del ELN en donde señalan que miembros del “Frente 37 de las Farc” son una “banda narcoparamilitar” de la que hacen parte miembros del Ejército Nacional.
El 12 de julio en un soterrado operativo militar realizado en la vereda Puerto Matilde del municipio de Yondó Antioquia siendo las 3:00 am de la madrugada fue capturado el señor Emilio Duarte Mosquera habitante de dicha vereda y el 14 de julio luego de las diligencias judiciales adelantadas en la ciudad de Barrancabermeja fue puesto en libertad. En el valle del río Cimitarra y en el nordeste antioqueño están presentes el Ejército Nacional y la Policía Nacional, el ELN y las autodenominadas Farc así como otros grupos denominados sucesores del paramilitarismo como son las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo y los Caparrapos entre otros.
Además vienen apareciendo bandas delincuenciales que se dedican a la extorsión y el hurto a campesinos y mineros desestabilizando aún más la región. De enero a junio del 2021 se han registrado mas de 10 asesinatos de personas civiles entre el Sur de Bolívar, Valle del Río Cimitarra y Nordeste Antioqueño, mas de 5 feminicidios, sin poder destacar claramente los hechos de violencias de género que tienen un enorme subregistro por temor a denunciar o normalizar este tipo de violencias.
Finalmente, se destaca el accionar incoherente del Gobierno Nacional con el incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz, especialmente los puntos de Reforma Rural Integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, que están acordados para dar pasos importantes en la solución de las causas que provocaron el conflicto armado en Colombia. Mientras que hay una celeridad en la expedición de normas con la anuencia del Congreso de la República que profundizan dichas causas.
Es el caso del Decreto 902 de 2017 en donde se niega nuevamente el derecho al campesinado a tener un título de propiedad sobre la tierra, la normativa orientada a mantener la criminalización del cultivo de coca por parte del pequeño campesino, y las erradicaciones forzadas, la falta de atención seria al aumento del consumo de sustancias psicoactivas como un problema de Salud Pública, la falta de implementación participativa de las políticas públicas de la mujer, la juventud y el tema ambiental en nuestros municipios; la criminalización de la minería ancestral sin ofrecer vías acordes con la realidad para la normalización de la actividad minera sostenible ejercida por el campesinado.
Es por esto que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra insiste como defensora de la vida digna, los derechos humanos y campesinos en Exigir al Gobierno Nacional y a las autoridades Nacionales, Regionales y municipales:
Cumplir la Constitución Política de Colombia, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y con el Bloque de constitucionalidad que les obliga en lo atinente a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como la normatividad existente para la equidad de género y el cese de violencias. Al respecto, poner por encima de los intereses económicos particulares el interés común y los derechos de las y los habitantes de nuestro país.
Reclamar a los actores armados que operan en nuestra región:
Respetar los principios humanitarios que tienen el deber de atender como parte de las reglas de humanización de la guerra y que hacen parte de los protocolos de Ginebra, sobre todo respetar las normas comunitarias establecidas desde hace décadas por las asambleas de campesinado en sus diferentes espacios organizativos y que hoy tiene su principal fundamento en las Juntas de Acción Comunal, comités y redes para seguir defendiendo el derecho a vivir dignamente en esta región.
¡HACEMOS UN LLAMADO A LA CONSTITUCIÓN DE UNA MESA HUMANITARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PAZ Y LA RECONCILACIÓN EN EL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO!
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