El programa de PREVENCIÓN, protección Y SEGURIDAD A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DDHH EN el nororiente colombiano.

El Programa de prevención y protección, conformado por ACVC, ASCAMCAT, AHERAMIGUA, CAHUCOPANA, IAP y CESPAZ; dio inicio en su segundo año de relacionamiento e incidencia política en el ámbito institucional gubernamental y estatal con entidades tanto en Colombia como en el exterior en cuya agenda en esta ocasión el énfasis principal serán las medidas para la protección colectiva y la protección comunitaria mediante mecanismos de protección y autoprotección, tanto a organizaciones sociales como a comunidades, respectivamente, así como en las rutas y protocolos que se logren concertar con las instituciones del Estado Colombiano en esa materia.

Vale la pena recordar que, en el año 2018, el programa de prevención y protección avanzó de manera significativa en la interlocución con algunas instituciones que en Colombia tienen competencia en materia de protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y se promovió el cumplimiento de los puntos 2 y 3 del Acuerdo Final de Paz en cuyo seno está incorporado este componente como garantía para lograr una paz estable y duradera. Se destaca en este aspecto, relaciones directas con la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otras, tanto en reuniones bilaterales como en Encuentros Interinstitucionales mediante la metodología del “Diálogo Útil” que tiene como sustento la construcción de nuevas capacidades para resolver problemas y donde participan un universo diverso de actores que tienen que ver con el problema y por tanto deben formar parte de la discusión y solución.

De igual manera, en materia de mecanismos y medidas de protección colectiva, la organización social CAHUCOPANA cuya acción por la defensa de los Derechos Humanos se desarrolla en el Nordeste Antioqueño (Segovia y Remedios), abrió el camino para el resto de organizaciones sociales de la región del nororiente colombiano en el sentido que dio los primeros pasos e inició, desde el año 2018, un proceso de impulso e implementación ante la Unidad Nacional de Protección sobre formas de protección colectivas que involucra a toda la organización, superando la visión de los esquemas de seguridad individual, como tradicionalmente se ha pensado la protección a los defensores de los derechos humanos.

El programa de prevención y protección retomó la experiencia abierta por CAHUCOPANA y mediante reuniones bilaterales, obtuvo como logro importante que la Unidad Nacional de Protección incorporara a tres organizaciones sociales más en el análisis e implementación de medidas colectivas de protección como son: AHERAMIGUA en la región del Bajo Cauca y Sur de Bolívar, ACVC en Magdalena Medio y ASCAMCAT en la región del Catatumbo. Este acuerdo comportó la concertación de una agenda para la realización de talleres regionales con cada una de las organizaciones y comunidades que demandan protección por parte del Estado como modo de garantizar su permanencia en el territorio y la defensa de sus derechos fundamentales.

Los antecedentes señalados fueron pasos significativos para el programa de prevención y protección en su componente de incidencia política, razón por la cual, en el año 2019, se continuará con el trabajo iniciado. Para ello, durante los días 23, 24 y 25 de enero en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo una gira institucional en cuya visita conversamos con la Unidad Nacional de Protección, con el Ministerio del Interior, con la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y con los organismos internacionales como la II MISIION y la OFICINA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. El resultado fue igualmente positivo, pues nos permitió presentar el programa de prevención y protección con respecto a nuestros objetivos específicos sobre medidas colectivas de protección a organizaciones sociales y comunidades en riesgo en el nororiente colombiano e impulsar el reconocimiento de la institucionalidad comunitaria que incorpora múltiples mecanismos comunitarios de protección y autoprotección y que históricamente las comunidades en riesgo han implementado para preservar su vida y permanencia en el territorio en diferentes momentos en que el conflicto armado ha impactado gravemente en términos humanitarios y cuando se han cometido graves violaciones de sus derechos humanos tanto por grupos armados ilegales como por organismos de seguridad del Estado.

Con la Unidad Nacional de Protección se logró ratificar el compromiso de desarrollar con las organizaciones sociales del nororiente colombiano (ACVC, AHERAMIGUA Y ASCAMCAT) y comunidades, los talleres territoriales para construir las rutas y mecanismos de protección colectiva que involucra análisis de riesgo y medidas de protección; con la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y el Ministerio del interior su interés por conocer las medidas de protección colectiva en marcha así como su seguimiento permanente a los acontecimientos en el territorio que  signifiquen riesgos inminentes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Específicamente la Oficina de Derechos Humanos del

Ministerio del Interior informó que el actual gobierno nacional tiene como meta la elaboración de una nueva política de Prevención y Protección en el año 2019, por consiguiente, mientras tanto, siguen vigentes las normas existentes formuladas en esa materia en años anteriores.  Nos ofreció incorporar al Programa de Prevención y Protección en procesos de asistencia técnica para el tema de las medidas de protección colectiva y manifestó su respaldo para que las organizaciones sociales del nororiente colombiano articuladas al programa fueran beneficiarias del decreto 660 de 2017, para lo cual es pertinente que se eleve la solicitud por medio escrito. Así mismo manifestó que es parte de su competencia brindar asesoría técnica a los alcaldes y gobernadores de este territorio que estén interesados en desarrollar sus planes municipales y departamentales en materia de prevención y protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos siempre y cuando éstos se lo soliciten.

Pero el resultado más importante de esta primera gira de incidencia política y relacionamiento institucional, fue la concreción para el día 11 de febrero de 2019, del segundo Encuentro Interinstitucional en el Magdalena Medio con la participación de las instituciones anteriormente señaladas y las organizaciones sociales que hacen parte del Programa de Prevención y Protección, a saber ACVC, CAHUCOPANA, AHERAMIGUA, ASCAMCAT, CESPAZ y IAP encargada tanto del acompañamiento internacional como de la incidencia política también a nivel nacional e internacional. De igual modo se han invitado al encuentro a los alcaldes del Sur de Bolívar y Yondó, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo con el sistema de alertas tempranas SAT, a la Procuraduría Regional de Santander y Provincial del Magdalena Medio, a organismos internacionales como Naciones Unidas, Comité Internacional de la Cruz Roja, La organización de los estados Americanos OEA-MAPP, organismos de acompañamiento internacional como PBI, ECAP y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos del Magdalena Medio, como CREDHOS, ASORVIMM, PDPMM, entre otras.

En este segundo encuentro interinstitucional se hará una exposición sobre las dinámicas sociales, políticas, económicas y conflicto armado de las subregiones que conforman el nororiente colombiano, a saber, Catatumbo, Magdalena Medio, Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca, haciendo énfasis en el análisis, en la forma como se han configurado focos de tensión y conflictividades considerados como riesgos y amenazas para la labor de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos, para las organizaciones sociales y comunidades que resisten y permanecen en el territorio, identificando los casos cuyos líderes sociales fueron asesinados, amenazados, desplazados durante el año 2018 y lo que

llevamos en el 2019. Pero el núcleo del Encuentro interinstitucional serán los compromisos que asuman las instituciones estatales en cuatro aspectos centrales: i) la implementación de mecanismos y medidas de protección colectiva, ii) la implementación conjuntamente con las organizaciones sociales de un mecanismo de protección y autoprotección comunitaria, sean estas Comisiones de Verificación, Comités de Derechos Humanos, Campamentos de Refugios Humanitarios, Guardias Campesinas, Acciones Humanitarias, entre otras, en las cuatro subregiones del nororiente colombiano, iii) la identificación de municipios pilotos en cada uno de los territorios donde se implementen estos mecanismos de protección colectiva y comunitaria de protección y autoprotección y iv) el compromiso de construir en lo sucesivo y conjuntamente mediante diálogos útiles, las rutas y protocolos interinstitucionales que incorporen la institucionalidad que las comunidades han construido en materia de protección y autoprotección en esas rutas institucionales establecidas en las normas y decretos de las entidades del Estado.

En conclusión, el año 2019 es y será aquel que le permita a las comunidades de los territorios del nororiente colombiano, gozar de un proceso cuidadoso y concertado de protección ajustado a sus realidades territoriales, reconociendo su memoria colectiva e histórica en materia de protección pero sobre todo que sea oportuna y permita prevenir, mitigar y contener los riesgos y amenazas que surgen en un territorio donde posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, el Estado aún es débil o inexistente para garantizar la permanencia de su población y el respeto de sus derechos humanos.

Barrancabermeja, 4 de febrero de 2019

 

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