Hoy el territorio del Valle del Río Cimitarra, está bajo la zozobra permanente y amenaza latente, con la violación de los Derechos Humanos y las infracciones al DIH, de todos los grupos armados legales e ilegales que están disputándose el territorio y la riqueza del suelo y subsuelo, asesinando campesinos, amenazando, desapareciendo y desplazándolos sin que los organismos estatales competentes cumplan con su deber de prevención para evitarlo, al contrario se observa más una actitud complaciente de las autoridades frente a esta lamentable situación.
Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, los territorios hasta ese momento controlados por esa guerrilla, hoy en proceso de reincorporación, quedaron con un vacío político, militar y social a partir del rol de poder real que jugó la guerrilla como actor indiscutible durante mucho tiempo en los territorios. A partir de la dejación de armas por parte de la extinta guerrilla de las FARC-EP y su reincorporación a la vida civil, este vacío es ocupado por el ELN inicialmente, y posteriormente por grupos paramilitares, narcotraficantes y otras bandas delincuenciales (AGC, Clan del Golfo, Caparros, entre otros).
Este copamiento es originado fundamentalmente por el incumplimiento a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, por parte de los gobiernos siguientes a la firma de dicho Acuerdo y el saboteo al mismo con políticas nacionales como “Paz con Legalidad”, “Hecho a su Medida” y “Zonas Futuro” acompañadas con operaciones como las bautizadas eufemísticamente como Artemisa y la Tarea Marte, cuyos resultados más bien agudizan la crisis social y humanitaria en el territorio.
Cada grupo armado viene desarrollando acciones para acomodarse y controlar la economía minera, el microtráfico, la explotación de madera indiscriminada e ilegal, aumentando su pie de fuerza con el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes con fines económicos, el cobro de extorsiones a la economía local y al campesinado, entre otros.
Los distintos grupos armados en desarrollo de sus planes impactan los procesos sociales en el territorio, su accionar afecta especialmente a numerosas comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como a sectores del movimiento social urbano. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz AFP, a la fecha han sido asesinados más de 1.600 líderes sociales en todo el territorio nacional y más de 300 firmantes del AFP, muchos de ellos a manos de las bandas delincuenciales y con la directa responsabilidad del estado por acción u omisión. Hoy, corre peligro de muerte el liderazgo social que se atreva a plantear la implementación del AFP en muchos territorios, esto a manos de los grupos armados ilegales, especialmente de las llamadas disidencias de las Farc.
La organización social y comunitaria resulta ser uno de los objetivos de todos los grupos armados legales e ilegales, especialmente cuando las iniciativas de la comunidad o la organización social afectan los megaproyectos y negocios trascendentales en las regiones.
A la región del Magdalena Medio, llegaron las llamadas por el Estado disidencias de las Farc en enero de 2021, empezaron a reactivar este grupo ilegal constituyendo primero el denominado 4 frente, después el 37. Este último tuvo enfrentamientos con el ELN que provocaron el desplazamiento masivo de más de 2.000 personas, que luego tuvieron que retornar sin garantías debido a la desidia estatal.
Hoy informan a las comunidades la creación de los frentes 24 y el 36 en el Sur de Bolívar y el nordeste antioqueño. La presencia de las disidencias de las Farc viene constriñendo y sometiendo al campesinado para que trabaje con ellos, pero además cooptando liderazgos sociales, y en su labor la ACVC no ha sido la excepción en el intento de este grupo por controlarla. Desde señalamientos hasta amenazas directas por parte de quienes fungen de ser los jefes de este grupo armado ilegal en contra de liderazgos que no aceptan sus métodos y accionar contrario a las normas comunitarias de respeto al DIH, o los consideran un obstáculo para sus objetivos.
Denunciamos que el denominado 24 frente de las disidencias de Farc, ha determinado que algunos líderes y directivos de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra ACVC-RAN, no pueden entrar al Valle del Río Cimitarra, pues han sido declarados objetivo militar de este grupo ilegal, pero además han expresado que si la ACVC – RAN no se somete a sus pretensiones, “ellos harán lo pertinente”.
Hoy el territorio del Valle del rio Cimitarra, está bajo la zozobra permanente y amenaza latente, con la violación de los Derechos Humanos y las infracciones al DIH, de todos los grupos armados legales e ilegales que están disputándose el territorio y la riqueza del suelo y subsuelo, asesinando campesinos, amenazando, desapareciendo y desplazándolos sin que los organismos estatales competentes cumplan con su deber de prevención para evitarlo, al contrario se observa más una actitud complaciente de las autoridades frente a esta lamentable situación.
Los casos más recientes fueron los hechos dolorosos sucedidos en contra del señor ESNEYDER DE JESUS CASTRILLON CINSERO procedente de la Vereda Puerto Matilde, del municipio de Yondó, quien fue asesinado en la zona rural del municipio de San Pablo, Sur de Bolívar, el pasado 18 de abril, así mismo, el feminicidio de la señora SINDRYS MILDREY TRESPALACIOS; oriunda del municipio de Yondó, Antioquia quien estaba reportada como desaparecida por sus familiares desde el día 15 de abril para luego encontrarla muerta y sepultada el día 18 de abril del presente año. Además, el cuerpo de su cónyuge OSCAR COLLA también fue encontrado sin vida el día 19 de abril. Estos acontecimientos tuvieron lugar en zona rural del municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar, en circunstancias que están por establecerse. De igual manera, la noche del 24 de abril del presente año, presuntamente las disidencias de las Farc, el frente 24, al parecer asesinaron delante de sus familias a ERMINSON RIVERA presidente de la Junta de Acción comunal de la Vereda la Esperanza, municipio de Cantagallo y su cuñado JOSÉ SÁNCHEZ.
También denunciamos y rechazamos las acciones violentas y atemorizantes de los denominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC – en zona urbana y veredas de San Pablo como La Unión, Alto Cañabraval, Agua Sucia, Tres Bocas, Villa Nueva, San Martin, Pozo Azul, Guarigua, Raizal, Cañabraval Bajo, Santa Domingo, las Auyamas, en donde desde el pasado miércoles 13 de Abril grafitearon las viviendas con sus iniciales, así como la vereda Cañaveral en el municipio de Remedios Antioquia; acciones como extorsión a comerciantes locales, refugio en fincas y viviendas para ejercer control territorial, social y electoral, en donde ponen en riesgo la vida y seguridad de la población civil, presionando a los pobladores para que no ejerzan su derecho al voto de manera democrática y en cambio se refleje en las urnas el apoyo obligatorio al hoy candidato a la presidencia Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia, con la amenaza que de lo contrario, integrantes de las JAC y población civil asumirán las consecuencias por la desobediencia.
En el municipio de Remedios los hechos también son preocupantes, en la vereda Campo Bijao existe presencia de personas armadas identificadas como integrantes al Ejército de Liberación Nacional – ELN – lo que pone en riesgo la seguridad de la comunidad, en este orden de ideas las denominadas AGC han manifestado como objetivo militar la vereda, así mismo, en zona rural de San Pablo y Yondó también se evidencia la militarización de estos grupos armados adelantando acciones como extorsión a pequeños y medianos comerciantes y empresarios de la zona.
Rechazamos contundentemente estos hechos que hoy enlutan a la comunidad de la zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra el Sur de Bolívar y Nordeste antioqueño y en general a las organizaciones sociales que ejercemos la labor de defender los derechos humanos, resaltando la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades campesinas que vivimos aún en medio del conflicto armado.
Exigimos a quienes actuaron en contra de la vida de ESNEYDER, SINDRYS, OSCAR, ERMINSON y JOSE que cesen toda actividad delictiva que atente contra la población civil y se acojan a lo dispuesto por las normas internacionales de los DH y el DIH.
La ACVC – RAN responsabiliza al Estado Colombiano, de lo que pueda pasarles a los compañeros directivos, amenazados por las denominadas disidencias de las Farc.
De igual forma, exigimos nuevamente a las autoridades locales, regionales y departamentales y nacionales competentes para que se asuman las investigaciones correspondientes, en aras de reivindicar los derechos de las víctimas y proteger la vida y honra del campesinado, desplegando las acciones necesarias para dar con los responsables de estos abominables hechos y se haga justicia.
No dudamos en reiterar nuestra lucha por el respeto de la vida y la dignidad humana, la legitimidad de la autoridad de las JAC en nuestros territorios, el derecho de los campesinos y campesinas al acceso a la tierra y en el cumplimiento irrestricto de lo estipulado en el Acuerdo de Paz, como herramientas necesarias para alcanzar la paz estable y duradera
Es urgente atender la inminente crisis humanitaria que está en desarrollo en el valle del rio cimitarra, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño ante la confrontación inevitable entre los diferentes grupos armados legales e ilegales, con incalculables consecuencias y donde la comunidad organizada y los lideres de las organizaciones sociales son un objetivo principal de todos estos grupos.
Reafirmamos nuestro compromiso con la paz con justicia social, y nuestra apuesta fundamental es por la implementación del acuerdo final de paz y el plan de desarrollo sostenible para la zona de reserva campesina del valle del rio cimitarra, en estas apuestas seguimos firmes y sin vacilación, a la paz le apostamos todo, nunca seremos cómplices ni integrantes de acciones que participen o promuevan la guerra.
Seguiremos denunciando a los grupos armados legales e ilegales que violenten los derechos del campesinado y sus procesos de organización y lucha.
Exigimos al Estado colombiano la protección y la seguridad de nuestros líderes y todas las comunidades del Valle del Rio Cimitarra.
Exigimos al Estado Colombiano el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a exigirle garantías al gobierno nacional para la ACVC, sus liderazgos y el campesinado del valle del rio cimitarra.
28 de Abril de 2022
ASOCIACION CAMPESINA DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA, ACVC – RAN.
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