La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN) referente de encuentro e integración de organizaciones de base como Juntas de Acción Comunal, Coordinadora de mujeres, Redes de trabajo de jóvenes, Comités ambientales, arroceros, pequeños productores, pesqueros, mineros, ganaderos y los liderazgos campesinos de destacada trayectoria de los municipios de San Pablo, Cantagallo, Simití, Yondó, Remedios y Segovia, que integran y habitan vastos territorios de las subregiones del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, queremos destacar en el marco del V Campamento Ecológico “Por la Vida, el Agua y la Biodiversidad”, las iniciativas que desde la labor de la defensa de la tierra, los territorios y el medio ambiente hemos desarrollado con el objetivo de establecer espacios ecológicamente sustentables para la vida y la paz de nuestras comunidades.

En nuestros territorios continuamos viviendo los vejámenes de la violencia armada que desde hace más de cinco décadas ha flagelado nuestros cuerpos, victimizado a nuestros padres y madres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, compañeros y compañeras. Este campesinado que día a día le ha apostado a la protección de nuestros derechos, se ha visto por esta misma razón inmerso en los horrores de la guerra, la cual ha mantenido a nuestras comunidades y territorios en realidades paradójicas, ya que existen grandes riquezas hídricas y minerales, pero se adolece del desarrollo, prevalece la pobreza, evidenciando altos índices de necesidades básicas insatisfechas, ubicándonos en situación de desprotección, sin inversión para el desarrollo social, sin intervención de los medios estatales establecidos como lo plantea la Constitución Política, para asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, con prevalencia de la dignidad humana, como valor esencial.

Entre tanto las poblaciones de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra han convivido históricamente en el territorio mediante prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, madereras y mineras de carácter artesanal y sostenible. Sin embargo, las mismas han sido cooptadas por distintos sectores económicos y grupos armados sustentados en una visión economicista del desarrollo y en una lógica extractivista de los recursos naturales, contexto que ha dado lugar a la generación de daños invaluables a la biodiversidad existente y que ha incidido de manera negativa en la vida social y cotidiana del campesinado producto de las lógicas impuestas por el narcotráfico, corrupción, presencia de cultivos de uso ilícito en tierras fértiles, monocultivo, deforestación y minería a gran escala. Esto aunado al incumplimiento del Acuerdo final de paz en lo que respecta a la implementación de políticas de sustitución integral de cultivos de uso ilícito, los planes de desarrollo territorial, el acceso a la tierra para el campesinado despojado violentamente de ella, las garantías de protección a quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos y las colectividades en general, y la justicia bajo las premisas de la verdad, la no repetición y la reparación integral.

No obstante, pese a las dificultades existentes y las condiciones sociales adversas mencionadas, en el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, han germinado iniciativas de organización social y política, bajo banderas de lucha enmarcadas en el establecimiento real de garantías para la permanencia y protección de los territorios y la conservación medioambiental. Siendo los Campamentos Ecológicos una de las figuras establecidas por la ACVC-RAN en el marco de la articulación comunitaria e institucional, un mecanismo para la identificación de problemáticas sociales y medioambientales que aquejan la región y la posibilidad de implementación de mecanismos que permitan otorgar soluciones.

En este sentido, la quinta versión del Campamento Ecológico se desarrolló con el propósito de establecer las principales preocupaciones en el territorio, articulando comunidades, organizaciones e instituciones con el fin de caracterizar las problemáticas ya mencionadas. Como resultado de este ejercicio exponemos las relacionadas con las realidades acerca del extractivismo, la deforestación, la disposición final de residuos contaminantes en las vertientes hídricas, los cultivos de uso ilícito y su relación con la erradicación forzada y el uso de herbicidas como el glifosato, que generan grandes impactos sobre las comunidades el ambiente, afectando la salud, las actividades económicas campesinas y el auto sostenimiento familiar, quebrantando derechos como las garantías al mínimo vital.

La problemática de la formalización de la propiedad de la tierra representa uno de los grandes factores de afectación social, evidenciando el bajo porcentaje en la ejecución de procesos de titulación bajo la figura de las zonas de reserva forestal, que por décadas ha impedido la implementación de una verdadera reforma en la tenencia de la tierra en nuestro país y ante lo cual resulta imperativo, entre otros asuntos, el levantamiento de dicha figura, como primer paso hacia la titulación de tierras para el campesinado, por medio de la implementación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. Así mismo, el accionar de los grupos armados y la coacción por parte de sectores latifundistas han generado el desplazamiento de muchas familias campesinas, que generan el fenómeno del despojo por medio del amedrentamiento, las amenazas y la venta forzada de tierras, actividades ilegítimas qué afectan la dinámica económica, social y familiar del campesinado.

Así mismo es importante mencionar sobre la sostenibilidad ambiental, qué las principales problemáticas giran alrededor de la no potabilización de las aguas para el consumo humano, lo que genera múltiples afectaciones a la salud de los campesinos y campesinas, la generación de condiciones de insalubridad que requiere del establecimiento de acuerdos comunitarios e institucionales que permitan proteger a las comunidades y el hábitat de múltiples especies que viven en los caños, quebradas, humedales y ríos. De igual forma resulta preocupante la coacción que viven las Juntas de acción comunal y diversos comités de trabajo comunitario frente a la injerencia de los grupos armados, quienes desconocen los acuerdos comunitarios y ponen en peligro las figuras de protección y conservación ambiental establecidas como principal herramienta de cuidado ecológico. Una de estas figuras es la denominada Línea Amarilla, el principal mecanismo creado hace casi 30 años por las comunidades para la conservación forestal, hídrica y de la vida silvestre en la serranía de San lucas, último bosque tropical del norte del país, en la cual se vienen ejecutando acciones de deforestación promovidas por estos.

Sumado a lo anterior, se encuentran las deudas sociales que históricamente aquejan a la ruralidad, como lo son la ausencia de espacios de educación formal para la niñez y la juventud, la promoción de aprovechamiento del tiempo libre por medio de espacios deportivos, culturales y formativos que permitan alejar a este sector poblacional del flagelo del reclutamiento forzado y el consumo de sustancias psicoactivas, como también la necesidad de intervención de las vías terciarias para propiciar el desarrollo económico y elevar la calidad de vida de la población.

En este sentido, como comunidades campesinas tenemos la claridad que para confrontar tales problemáticas es necesario que se establezcan políticas de Estado que garanticen la subsistencia de la vida digna de las familias campesinas, la posibilidad de renegociación o modificación de tratados de comercio que permitan oportunidades justas para el impulso de iniciativas comerciales del campesinado y que fortalezcan sus economías, así como la implementación de prácticas enfocadas en la protección ambiental, de manera que se eviten acciones como la caza de animales en épocas de reproducción y con especies en veda y la implementación de sistemas de reciclaje, favoreciendo economías comunitarias y familiares.

Reconocemos nuestras fortalezas como campesinos y campesinas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la conservación ambiental, resaltando la resistencia de nuestros compañeros y compañeras frente a las diversas dificultades ocasionadas por las vulneraciones a nuestros derechos y la ausencia de garantías. Consideramos que la conciencia ambiental es una herramienta clave para el cuidado, protección y conservación del medio ambiente, por ello exaltamos la labor de los habitantes de la vereda Las Colinas, municipio de San Pablo, quiénes por medio de la concertación de la compra de terrenos, promueven la conservación de los mismos, otorgándoles un uso racional y amigable con la preservación ecológica. Así mismo la apropiación que las mujeres y jóvenes vienen desarrollando en relación con los procesos ambientales, los comités ambientales de las juntas de acción comunal y su articulación con la Coordinadora Ambiental.

Resulta de vital importancia para nuestros territorios la exigencia de la inmediata implementación integral de la reforma rural, los PDET y los PNIS incorporados en el acuerdo final de paz, teniendo en cuenta que su puesta en marcha impulsaría al desarrollo económico, social, cultural y ambiental de la región.

Queremos agradecer la participación activa de las diversas organizaciones, instituciones, estudiantes y comunidades, que dispusieron sus esfuerzos para que en el marco de las agendas desarrolladas, se establecieran espacios de integración y acompañamiento, de esta manera al Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ), Universidad Industrial de Santander (UIS), Universidad de Antioquia (UdeA), Universidad Pedagógica Nacional (UNP), Universidad EAN, Universidad estatal de Hidrometeorología de Rusia, Corporación Nuevo Arcoiris, CENIVAM UIS, Defensa Civil de San Pablo, Corantioquia, Acción Internacional por la Paz (IAP), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Coordinadora Ambiental (COAM), Barricada Popular, Los Sin Techo, Festival Resistencia, Fundación Manduco, Siembra tu Árbol por la Paz, GAIA, Prensa Rural, ASODESAMUBA, Organización Los Manatíes, Red de Mujeres de San Miguel del Tigre, Unión Sindical Obrera (USO), Partido Comunes, Nueva Área de Reincorporación Omaira Díaz, Alcaldía de Yondó y a las comunidades campesinas de Caño Frío, Alto Cañabraval, Fría Baja, Canaletal, Cerro Azul, Villa Nueva, Monte Carmelo, La Unión, Colinas (San Pablo); Coroncoros, Diamante, Chaparral, Yanacué, La Victoria, Puerto Argelia, La Palua (Cantagallo); San Francisco, Bocas del Don Juan, El Bagre, Caño Tigre, Puerto Nuevo Ité, Puerto Matilde, Campo Vijao, Tamar Bajo, Carrizal, San Miguel del Tigre y La Felicidad (Yondó y Remedios).

Ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y la biodiversidad del territorio que habitamos y nuestro derecho a permanecer en él, y ponemos a disposición del nuevo tiempo que se abre con un nuevo gobierno de origen popular y democrático, la experiencia del campamento ecológico, la trayectoria de nuestro proceso organizativo y de las campesinas y campesinos de la zona de reserva campesina del valle del rio Cimitarra, toda nuestra experiencia y fortaleza emanada en la resistencia y al organización, para desde el magdalena medio hacer de Colombia una potencia mundial de la vida.

Señor presidente, señora ministra de medio ambiente, colombianas y colombianos, los esperamos el próximo año en la próxima versión del campamento ecológico, donde ojalá celebremos que los avances de la paz total reviertan en transformaciones que garanticen que siga respirando el corazón verde del norte del país y festejemos la alegría que aún no ha dejado de brillar en los rostros de sus comunidades que se resisten a la guerra y a la muerte.