La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra – Red Agroecológica Nacional (ACVC-RAN), inició junto con varios liderazgos sociales locales del municipio de San Pablo la primera de una serie de jornadas llamadas “Misión Por las Garantías al Liderazgo Campesino de Participación en la Circunscripción Especial Transitoria para la Paz N°13”.
En el caso del municipio de San Pablo decidimos hacerla en la vereda Alto Cañabraval, conmemorando el día municipal de las víctimas, tras los hechos del 8 de enero de 1999 donde fueron asesinadas 14 personas del municipio y en homenaje al presidente de la Junta de Acción Comunal de Alto Cañabraval, Wilmer Ascanio, asesinado el pasado 23 de diciembre y como acto de solidaridad dada la ausencia institucional para la garantía de derechos de las comunidades campesinas en la ruralidad, frente al reciente homicidio de este líder social.
Estando reunidas las comunidades participantes, delegados de la ACVC-RAN, la Ruta de Protección del Nororiente Colombiano y los candidatos a la CTEP por la zona PDET número 13, Francisco Gonzáles y Johana Rodríguez; hizo presencia un grupo de hombres armados, quienes se identificaron como integrantes de las “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, quienes irrumpieron en medio del desarrollo de la reunión, generando intimidación y zozobra en los presentes.
Este hecho, a todas luces, constituye una flagrante violación al DIH, desconociendo el principio de distinción y no involucramiento de la población civil en el conflicto armado. Así mismo, se convierte en un nuevo precedente que pretende quebrantar la participación social y democrática en el marco de las elecciones a las curules de paz en em marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Denunciamos la ausencia de garantías al libre ejercicio democrático en favor de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Así como el hecho de que, pese al homicidio del presidente de la JAC, ninguna institución local, departamental o nacional se ha interesado por el estado de desprotección y vulnerabilidad en que se encuentra esta comunidad especialmente.
Por lo anterior exigimos al Estado colombiano representado por sus autoridades locales, departamentales y nacionales la implementación de manera integral el Acuerdo Final de Paz, llevando a cabo acciones inmediatas en aras de blindar el proceso democrático y garantizar los derechos de las víctimas reconocidos en la legislación nacional e internacional.
¡Exigimos la implementación integral del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera!
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