El pasado sábado 8 de septiembre en el Hotel San Carlos en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, Colombia, se llevó a cabo el Encuentro de experiencias nacionales e internacionales de procesos de construcción de memoria y reparación colectiva: en busca de la verdad y la reconciliación, el cual contó con la participación de invitados internacionales como Ponciano Del Pino Huamán, profesor de la Universidad Católica del Perú, con amplia trayectoria investigativa en temas de memoria y violencia; Brenda Lucia Méndez de la Colectiva Feminista Actoras de Cambio de Guatemala, organización destacada por sus trabajos en el acompañamiento y abordaje de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados internos. Invitados nacionales como Luz Marina Bernal, presidenta de la Fundación Fair Leonardo Porras Bernal, Gloria Luz Gómez, Presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos – Desaparecidos ASFADDES, Jacobo Aldana y Laura Devía del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Caño Indio, Liliany Obando e Isabel Sanroque Mujeres FARC – Proyecto Nunca Invisible, Raquel Méndez Directora de la Escuela de trabajo social y docente investigadora de la Universidad Industrial de Santander, Iván Madero de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), por parte de la institucionalidad Yimmy Picón de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y como delegados de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra los líderes Álvaro Manzano y Francisco González.

El evento contó con el desarrollo de dos paneles, el primero acerca de las experiencias nacionales e internacionales  de construcción de memoria histórica y el segundo sobre los alcances y dificultades de los procesos de reparación colectiva que se han adelantado con las comunidades, teniendo en cuenta las particularidades que implican dichos procesos. Cada uno de los dos espacios representó una oportunidad para debatir y aportar perspectivas desde la diversidad de actores que participaron en el evento como víctimas del conflicto armado, académicos, funcionarios públicos y líderes comunitarios.

Algunas de las conclusiones a destacar refieren que los ejercicios de memoria histórica se constituyen en actos políticos que le apuestan a la continuidad de los procesos organizativos, dado que reivindican las luchas, las resistencias y las prácticas culturales  que buscan fortalecer los procesos de identidad de las víctimas.

Así mismo, se debe tener en cuenta el enfoque diferencial, especialmente lo relacionado con las mujeres y las niñas, ya que el conflicto las ha afectado de manera particular, y continúan siendo las  más invisibilizadas, desconociéndose sus voces, sentires y roles dado que sus historias han sido contada desde una perspectiva patriarcal. De igual forma las iniciativas de memoria deben contribuir al conocimiento de la verdad y estableciendo  responsabilidades, que dan cuenta muchas veces de las exclusiones e injusticias que se agudizaron en el marco de los conflictos armados, demandando una transformación estructural e  impulsando a exigir garantías para una vida digna. Finalmente, se planteó que los procesos de memoria también deben ser una oportunidad de reconocer al otro, como decía el profesor Ponciano del Pino “ese es el gran desafío: aprender a escuchar al otro” desde su sentir y sus sufrimientos, además de permitir una escucha real que contribuya a transformar las relaciones violentas que instaura el conflicto para así llegar a la tan anhelada reconciliación.

De esta forma, los ejercicios de memoria son fundamentales para los procesos de reparación individual y colectiva en el marco de La Ley de Víctimas 1448 de 2011, es por ello que organizaciones como ASFADDES, CREDHOS, LA ACVC entre otras, justamente están buscando ser reparadas por ser sujetos colectivos afectados en sus derechos políticos, económicos, sociales con ocasión del conflicto armado. No obstante, en este proceso se presenta una tensión, desde el Estado, debido a que la Ley de Víctimas no se le ha dado cumplimiento; lo anterior se refleja en las siguientes situaciones: La Ley no está reconociendo políticamente a las víctimas en su dimensión real, en términos de los daños ocasionados. Segundo, la disposición burocrática de la misma está impidiendo el desarrollo óptimo de sus apuestas. Tercero, La Ley durante su implementación ha llegado a revictimizar. Cuarto, la ley no se está conectando o articulando con las coyunturas del país: específicamente en lo referente al proceso de implementación del acuerdo de paz, de ahí entonces que la misma tendría que pasar a un proceso de revisión, actualización y profundización en sus apuestas.

De igual manera señalan que la única forma de sentir una reparación pasa por el reconocimiento de las responsabilidades por parte del Estado en su acción u omisión en los violaciones de derechos humanos que se cometieron en el marco del conflicto armado, teniendo en cuenta que se atribuye las principales responsabilidades a la insurgencia.

Por otro lado, no se puede olvidar que el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación han sido producto del empeño y la entereza de las organizaciones y los movimientos quienes han venido erradicando el miedo y exigiendo la paz con justicia social.

Es importante señalar que estos debates deben seguirse realizando, especialmente con el Gobierno actual, el cual que ha venido manifestando su oposición a los Acuerdos de Paz en dirigidos a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición y la poca voluntad de mantener las.